El gobierno del expresidente Donald Trump instalará un muro de boyas flotantes de 27 kilómetros en el sur de Texas, según informó el diario Washington Examiner. La medida coincide con una nueva controversia legal, luego de que un juez federal determinara que la administración podría haber incurrido en desacato al violar una orden judicial que prohíbe deportaciones bajo una ley de 1798.
Tom Homan, asesor en temas migratorios de la Casa Blanca y conocido como el “zar fronterizo”, aseguró al medio estadounidense que “las boyas son un excelente concepto” y señaló que ya se había considerado su uso al final del primer mandato de Trump, pero no se concretó. También destacó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue quien primero implementó estas barreras, demostrando —según Homan— su eficacia. “Los datos lo demuestran”, afirmó.
The Trump administration will soon deploy the federal government’s first-ever floating buoy wall at the U.S.-Mexico border river with the installation of a 17-mile string of buoys in South Texas, the Washington Examiner has learned.
— Washington Examiner (@dcexaminer) April 17, 2025
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Se espera que el despliegue de boyas comience la próxima semana en el río Bravo, una de las principales zonas de cruces irregulares. Cuatro funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato confirmaron al medio la ubicación y el calendario de instalación.
Paralelamente, el juez federal James Boasberg encontró motivos para considerar que el gobierno de Trump incurrió en desacato criminal al ignorar su orden de regresar a un grupo de deportados que fueron enviados a El Salvador. Boasberg advirtió que podría remitir el caso a juicio.
En respuesta, Trump acusó a los jueces de estar “fuera de control” y dijo que “parecen odiar tanto a Trump que todo vale”. Además, anunció que su equipo impugnará el fallo.
Por su parte, el gobierno de Nayib Bukele rechazó la solicitud del senador demócrata Chris Van Hollen, quien pidió liberar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error, para que pueda regresar a Estados Unidos, como han exigido los tribunales estadounidenses.
Ábrego García, de 29 años, fue uno de los 261 migrantes expulsados el 15 de marzo. Su deportación fue ilegal, ya que una corte estadounidense había revocado de forma permanente su expulsión en 2019. Sin embargo, el gobierno estadounidense declaró que no tiene el control para facilitar su retorno.
Durante su visita a El Salvador, Van Hollen denunció que el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa le negó el acceso al detenido e incluso se le prohibió hablar con él por teléfono. También afirmó que el gobierno de Trump está pagando al de El Salvador para mantener a Ábrego en prisión, específicamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
I've been in El Salvador all day fighting for the return of Mr. Abrego Garcia.
— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 17, 2025
The Trump Admin can lie all they want, but the Court said they failed to show he was part of MS-13. This is about bringing home a man they ADMIT should've never been abducted. I won't rest until then. pic.twitter.com/ZNaaY4NQK3
Van Hollen instó a Bukele a liberar a Ábrego, señalando que se trata de un hombre sin cargos ni condena, detenido por un error administrativo. En respuesta, Tom Homan negó que se trate de un secuestro y reiteró acusaciones no comprobadas de que Ábrego tendría vínculos con la pandilla MS-13: “Nos deshicimos de una persona peligrosa”, aseguró.