Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza el segundo encuentro con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. A la reunión asisten agrupaciones de diversas entidades, como Puebla, Morelos, Baja California, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, además de representantes de la Iglesia católica que han acompañado a los buscadores.
Durante el encuentro, algunos de los asistentes pidieron que los funcionarios públicos que no cumplan con sus responsabilidades frente a las denuncias sobre desapariciones enfrenten sanciones no solo administrativas, sino también penales.
#Hoy tuvimos mesa de diálogo con familiares de personas desaparecidas, como lo instruyó la Presidenta @Claudiashein. Juntos construiremos una agenda conjunta que permita evitar la impunidad y acceder a la verdad y la justicia. 🇲🇽 pic.twitter.com/vCTNFQ7ehm
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 9, 2025
En esta jornada de diálogo, que comenzó a las 18:00 horas, estuvieron presentes figuras clave como Héctor Mario Pérez Villarreal, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y acompañante de colectivos y víctimas; y Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz.
Entre los miembros de los colectivos destaca María Herrera Magdaleno, de la Brigada Nacional de Búsqueda, quien ha perdido cuatro hijos desaparecidos en Guerrero y Veracruz. También asistió María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla.
El encuentro comenzó con los cincuenta participantes presentándose, compartiendo el nombre de su familiar desaparecido y exigiendo justicia y localización. En sus consignas, expresaron: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”
En la jornada anterior, la secretaria de Gobernación había dado un ultimátum a los funcionarios públicos para que cumplieran con sus labores y ofrecieran atención a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos. En ese contexto, Jaquelín Palmeros, presidenta de Una Luz en el Camino y madre de Monserrat, desaparecida en 2020 y hallada sin vida en noviembre pasado, subrayó que las sanciones a funcionarios deben ser penales, ya que muchos de ellos entorpecen las investigaciones.
Palmeros también compartió en una entrevista previa que las familias enfrentan “apatía, insensibilidad y desconocimiento por parte de los funcionarios”, lo que se ve reflejado en una constante revictimización, hostilidad y trabas burocráticas. A pesar de las dificultades, afirmó que es positivo que las autoridades federales reciban a los colectivos, aunque aclaró que las reuniones no garantizan avances significativos. No obstante, expresó su esperanza de que esta vez se logren pasos firmes en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
Además, la activista adelantó que se denunciará la falta de coordinación entre autoridades y la exposición inapropiada de datos biométricos. También exigió la creación de un sistema eficaz para atender los casos nuevos y resolver los pendientes.
Por su parte, Fernando Oceguera, de la Asociación Unidos por los Desaparecidos, pidió avances en las pruebas genéticas relacionadas con las fosas encontradas en Tijuana, Baja California, asociadas con Santiago Meza López, conocido como el Pozolero, señalado por la desaparición de cientos de personas. Destacó que aún quedan 16,500 litros de emulsión orgánica sin procesar, lo que podría corresponder a más de 700 cuerpos.
Debido a la confidencialidad de las investigaciones, la Secretaría de Gobernación anticipó que las sesiones del diálogo se desarrollarán de manera privada, sin la presencia de medios de comunicación. Se espera que el encuentro dure más de tres horas.