Una jueza federal prohibió temporalmente que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por Elon Musk, acceda a datos personales almacenados en sistemas del gobierno de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Educación, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Administración de Personal.
La jueza Deborah Boardman, del Tribunal Federal de Distrito en Maryland, emitió una orden judicial preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Federación Estadounidense de Maestros y otras organizaciones sindicales. Los demandantes acusan a la administración de Donald Trump de violar las leyes de privacidad al otorgar al DOGE acceso a información sensible de millones de ciudadanos sin su consentimiento.
Boardman, quien había emitido previamente una orden de restricción temporal, determinó que el gobierno probablemente violó la Ley de Privacidad y que no justificó adecuadamente por qué el DOGE necesitaba acceso a “millones de registros” para cumplir sus funciones. Según el fallo, el organismo dirigido por Musk no solo podría estar accediendo a datos sin la debida protección, sino que también habría utilizado información de préstamos estudiantiles con la intención de desmantelar el Departamento de Educación.
Entre los datos a los que el DOGE intentaba acceder se encuentran números de Seguro Social, ingresos, activos, direcciones, fechas de nacimiento y estado civil y de ciudadanía de empleados federales y beneficiarios de programas gubernamentales.
Trump firmó recientemente una orden ejecutiva para disolver el Departamento de Educación y transferir la gestión de préstamos estudiantiles a la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, mientras que los programas para estudiantes con discapacidades quedarían bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El gobierno argumenta que el DOGE busca combatir el despilfarro y mejorar la eficiencia gubernamental, pero los sindicatos advierten que la agencia podría estar extralimitándose en sus funciones. La orden judicial protege temporalmente la información de los demandantes, aunque el caso aún podría ser apelado.
Este es el segundo revés legal que enfrenta el DOGE en Maryland, luego de que la semana pasada otro juez prohibiera su acceso a bases de datos del Seguro Social, que también contienen información privada de millones de ciudadanos.