El expresidente Donald Trump intensificó su confrontación con el poder judicial, provocando una inusual reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., y alertando a expertos sobre una posible crisis constitucional.
La tensión aumentó después de que un juez federal ordenara suspender la deportación de venezolanos en Texas y exigir su regreso a Estados Unidos hasta evaluar sus casos. Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que la orden solo era válida una vez emitida por escrito, cuando los vuelos ya habían salido del país.
PRESIDENT TRUMP RESPONDS TO JUSTICE JOHN ROBERTS: IT’S A PRESIDENTIAL JOB TO REMOVE DANGEROUS ILLEGAL ALIENS FROM OUR COUNTRY, THAT’S NOT FOR A LOCAL JUDGE TO BE MAKING THAT DETERMINATION .
— Johnny U (@Johnnypatriot64) March 18, 2025
And he is 100% correct ! pic.twitter.com/2JdWgF3kZY
Trump reaccionó llamando al juez James Boasberg “lunático de izquierda radical” y pidiendo su destitución. Ante esto, Roberts recordó que la destitución de jueces no procede por simples desacuerdos legales y que los fallos deben apelarse en tribunales.
El gobierno de Trump usó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones sin juicio, alegando que los migrantes pertenecían a la banda Tren de Aragua, considerada una amenaza terrorista. Sin embargo, admitió que no tenía pruebas de que hubieran cometido delitos en EE.UU.
The question isn’t if Trump would try to exceed his power, but when. That time is now. Seeming to defy courts & using the rare war powers in 1789 AEA law to perform unlawful deportations is the latest step to replace the Constitution with authoritarianism. https://t.co/jC2HHz9oZe
— The CCR is on bsky (@ccrjustice.org) (@theCCR) March 17, 2025
Casos similares se han repetido, como el intento de deportación de un estudiante palestino con residencia permanente y la expulsión de una médica libanesa, a pesar de órdenes judiciales en su favor.
Expertos advierten que el gobierno de Trump busca concentrar más poder en el ejecutivo, desafiando la autoridad de los tribunales. Vince Warren, del Centro de Derechos Constitucionales, afirmó: “Estamos en una crisis constitucional cuando el gobierno ignora órdenes judiciales legítimas”.
Por ahora, los jueces han frenado algunas de estas iniciativas, incluyendo el cierre de agencias federales. Sin embargo, la lucha entre el ejecutivo y el poder judicial continúa escalando.
