En México, solo 36 personas concentran más de 39 mil hectáreas de terrenos ejidales en distintas regiones del país, incluyendo zonas de alto valor comercial y ecológico, como bosques, selvas y áreas naturales protegidas. De acuerdo con un informe del Registro Agrario Nacional (RAN), estos terrenos han sido destinados al mercado inmobiliario para la construcción de fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía, así como para proyectos mineros, en un proceso que el documento califica como un “expolio de la propiedad social”.
Poder económico y político detrás del acaparamiento
El informe, que consta de 160 páginas, se centra en la concentración de tierras de propiedad social en manos de grandes terratenientes. Según el estudio, el rasgo distintivo de estos acaparadores es su acceso a fuentes de financiamiento y su estrecha relación con el poder político, tanto local como nacional. “No se puede entender la impunidad con la que actúan sin considerar la colusión con quienes tienen acceso a los trámites y autorizaciones necesarias”, señala el documento.
Entre los principales beneficiarios de este acaparamiento figuran políticos, ex funcionarios y empresarios, quienes han utilizado estrategias como la falsificación de documentos, contratos abusivos, el uso de prestanombres, la cooptación y amenazas a asambleas ejidales, además de contar con la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Estas prácticas han permitido que grandes extensiones de tierra pasen a manos privadas, muchas veces en perjuicio de los ejidatarios y comunidades rurales.
La tendencia privatizadora de la propiedad social, impulsada a partir de las reformas al artículo 27 constitucional en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ha facilitado este proceso de concentración de tierras. De hecho, algunos de estos personajes han enfrentado procesos legales por despojo, aunque en muchos casos han logrado ampararse o evitar sanciones.
Implicaciones y conclusiones
El fenómeno del acaparamiento de tierras ejidales representa uno de los principales factores de afectación y disminución de la propiedad social en México. Según el RAN, los involucrados han sofisticado sus métodos al punto de operar con un alto grado de impunidad, recurriendo a mecanismos legales como el amparo para protegerse de cualquier acción en su contra.
El estudio subraya la urgencia de revisar y reforzar los marcos normativos para evitar la concentración excesiva de tierras en pocas manos y garantizar que la propiedad social continúe beneficiando a las comunidades rurales, en lugar de convertirse en una mercancía al servicio de intereses privados y especulativos.