La vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, advirtió sobre la creciente violencia contra las mujeres en la política y exigió sanciones para quienes las obligan a elegir entre su seguridad y su derecho a participar en la vida pública.
“Los avances en los derechos de las mujeres están en peligro, especialmente debido a las amenazas que enfrentamos. El silencio impuesto por la intimidación afecta a las mujeres en la política, tanto en línea como fuera de ella. Esta violencia, agravada por el uso de nuevas tecnologías, es motivo de gran preocupación”, afirmó en un mensaje dirigido a la Conferencia Mundial de las Mujeres Parlamentarias, realizada en México.
Mohammed enfatizó el papel fundamental de las legisladoras para erradicar este problema y garantizar que ninguna mujer se vea obligada a renunciar a su participación política por temor a represalias. Además, instó a la creación de leyes, medidas de protección y cuotas de género que prevengan la violencia política.
El evento, organizado por la Unión Interparlamentaria (UIP), reunió a 350 legisladoras de 62 países en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, tras una inauguración en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la conferencia, legisladoras de países como Nicaragua, Mónaco, España, Nueva Zelanda y Cuba compartieron sus avances en materia de paridad de género.
Las representantes mexicanas, como Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, elogiaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum. Hernández destacó que la llegada de una mujer a la Presidencia posiciona a México como un referente mundial en la lucha por los derechos de las mujeres.
“En un contexto global donde resurgen movimientos que intentan revertir derechos ya conquistados, estamos convencidas de que México seguirá siendo un faro de luz para el mundo, promoviendo la igualdad y la justicia para todas las mujeres”, afirmó.
Por su parte, Arelys Santana, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, aprovechó su intervención para denunciar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a su país, calificándolo de “genocida” y un obstáculo permanente para el desarrollo de las mujeres cubanas.