Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) criticaron al Gobierno federal por no otorgar la ampliación presupuestal de 1,511 millones de pesos solicitada para la organización del proceso electoral. En su lugar, el organismo solo recibirá 800 millones de pesos, lo que obliga al INE a ajustar su planificación.
Ante esta situación, el Instituto pedirá a las autoridades que absorban algunos costos que tradicionalmente han cubierto, como el pago por plantas de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros.
Recursos insuficientes para la organización electoral
La consejera Dania Ravel expresó su preocupación por la falta de fondos, destacando que la elección ya será de menor escala en comparación con la de 2024, en la que se instalaron más de 170 mil casillas.
“Aunque contaremos con más recursos, no tendremos ni siquiera el monto mínimo solicitado para sacar adelante esta elección”, advirtió.
Durante la sesión del Consejo General, se discutió el informe de ahorros logrados por el INE este año, que ascienden a 73.4 millones de pesos. De este total, 54.7 millones provienen de recortes en salarios y 18.7 millones de ajustes en servicios, materiales y suministros.
Los consejeros exigieron un reporte detallado para aclarar si el ahorro en salarios se debió al despido de personal o a la falta de contratación de nuevos empleados.
Impacto en la organización de la elección
De los 800 millones de pesos autorizados, 372.7 millones ya han sido redirigidos a capacitación, difusión y asuntos jurídicos. Con esta ampliación, el INE contará con 7,019 millones de pesos para la elección judicial, lejos de los 13,205 millones originalmente solicitados.
Ante la reducción presupuestal, los consejeros cuestionaron cómo impactará esto en la instalación de 84 mil casillas previstas. La consejera Carla Humphrey subrayó la necesidad de un informe que precise qué gastos se verán afectados.
“Nosotros habíamos proyectado 84,222 casillas con 1,511 millones de pesos, pero solo recibimos 800 millones. Es crucial analizar en qué punto nos deja este recorte”, señaló.
El consejero Martín Faz advirtió sobre los riesgos de realizar una elección sin los recursos necesarios, lo que podría afectar el cumplimiento de las metas.
“Hemos recibido poco más del 50% del presupuesto solicitado. Las complicaciones de la organización están recayendo sobre las elecciones judiciales locales, y si las instituciones del Estado no tienen los recursos suficientes, no podemos garantizar el adecuado desarrollo del proceso”, enfatizó.