En el Congreso local del Edomex, diputadas, activistas y representantes de la academia coincidieron en que el Estado tiene una deuda pendiente con las mujeres, pues no garantiza justicia, permite la impunidad de feminicidas y obliga a las víctimas a suplicar protección. Advirtieron que la responsabilidad de estas fallas recae en todos los sectores que conforman el Estado: el gobierno, las organizaciones civiles y las familias.

Fallas estructurales y revictimización

Durante el foro “Alertas de Violencia de Género a 10 años: logros, desafíos y perspectivas”, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso local, denunció que las autoridades continúan minimizando la violencia y revictimizando a las mujeres.

Criticó también la ausencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el foro, a pesar de haber confirmado su participación con una ponencia. En este contexto, exigió la renuncia del titular de la FGJEM, José Luis Cervantes Martínez, señalando la falta de compromiso con las víctimas y la persistencia de la impunidad:
“Solicito nuevamente la renuncia del fiscal por la falta de compromiso en este foro tan importante y de tanta relevancia con nuestras mujeres mexiquenses.”

Avances insuficientes y exigencia de justicia

Leyva Piñón reconoció que, desde la declaratoria de la Alerta Contra la Violencia de Género por Feminicidio en el Estado de México, se han implementado algunas acciones, pero sin erradicar la impunidad ni transformar los mecanismos de justicia.

Por su parte, la diputada María Mercedes Colín señaló que las instituciones han tenido un impacto limitado en la garantía de seguridad para las mujeres mexiquenses y exhortó a la Secretaría de las Mujeres a revisar la asignación de recursos para las alertas de género. Cuestionó que solo el 15% del presupuesto se destine a la prevención y solicitó mayor transparencia en el uso de los fondos de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

Cifras alarmantes y falta de protección

La directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, presentó datos preocupantes:

• Entre 2023 y 2024, se registraron 643 mujeres asesinadas en el Estado de México, de las cuales solo 25.6% fueron investigadas como feminicidios.
• En el Registro Nacional de Desaparición, hay 31,180 mujeres desaparecidas en la entidad, sin información clara sobre cuántas han sido localizadas con vida o sin vida.

Estrada Mendoza enfatizó que el país enfrenta violencias graves, con 26 declaratorias de alerta de género en 23 estados (Estado de México, Veracruz y Guerrero tienen dos alertas cada uno). Llamó al Congreso a sancionar la negligencia y omisión de las autoridades, y a garantizar que las leyes se implementen con herramientas efectivas.

Violencia sistémica y necesidad de acción política

El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Luis Alfonso Guadarrama Rico, advirtió que la violencia de género y los feminicidios afectan a todo el país, agravados por la pobreza y el crimen organizado. Subrayó la urgencia de que la justicia y los derechos de las mujeres sean prioridad en la agenda política.

Por su parte, la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial estatal, Luz María Lemus Campuzano, señaló que la falta de presupuesto en dependencias clave impide que las alertas de género sean efectivas. Advirtió que la mayoría de los feminicidios son cometidos por personas cercanas a las víctimas, como exparejas, padres, profesores, novios o amigos, y que se deben reforzar las acciones de prevención en los ámbitos familiar y laboral.

Demandas de justicia por víctimas y familiares

La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neyra, recordó el caso de Lucero, una joven cuyo feminicida fue detenido en flagrancia el 3 de octubre de 2022 y sentenciado a cadena perpetua. Destacó la importancia del papel de los municipios en el combate a la violencia de género.

Finalmente, Erika Chula Cabello, madre de Valeria, una menor víctima de feminicidio en Coacalco el 16 de abril de 2022, denunció haber sido discriminada por la FGJEM durante el proceso legal y exigió justicia para su hija, así como garantías de seguridad para todas las mujeres en el Estado de México.

La exigencia es clara: el Estado debe dejar de fallar a las mujeres y garantizar un acceso real a la justicia. Las cifras son alarmantes y la impunidad sigue siendo una barrera insuperable para miles de familias. Es urgente que las autoridades actúen con responsabilidad y comprometan los recursos necesarios para frenar la violencia de género en la entidad.