El gobierno argentino anunció este jueves que eliminará el Instituto Nacional del Cáncer por detectar “duplicidad de tareas” y para tener “mayor control de las acciones”, que serán absorbidas por el Ministerio de Salud nacional.
La cartera emitió un comunicado en la red social X en el que aseguró que se detectaron “problemas logísticos, con entrega de medicamentos al borde de su vencimiento, compras ineficientes y programas y estructuras duplicadas” que ya se realizaban en otras entidades estatales.
EL MINISTERIO DE SALUD ABSORBERÁ LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER pic.twitter.com/94WDiwvECF
— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) March 6, 2025
El ejecutivo, comandado por el presidente ultraliberal Javier Milei, señaló que existieron “graves fallas” en compras de medicamentos y puso como ejemplo una adquisición de 2023, cuando gobernaba el ex presidente de centro-izquierda Alberto Fernández, que derivó en el desecho de “400 mil unidades de morfina vencida”.
El Ministerio de Salud remarcó en su comunicado que la medida “no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el Instituto Nacional del Cáncer y solo es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados”, pero no aclaró si despedirán a alguno de los 183 empleados que tiene el organismo.
Apenas la semana pasada decenas de organizaciones sanitarias, sindicatos de médicos y enfermeros, asociaciones de pacientes y organismos de derechos humanos, marcharon en Buenos Aires para reclamar al gobierno de Milei por los despidos, el desfinanciamiento de programas de atención y el recorte de insumos médicos.
El anuncio de este jueves se suma a los otros recortes de organismos estatales que Milei realizó desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, como la eliminación del Instituto de Cine, el Ministerio de la Mujer, el Instituto contra la Discriminación y de la agencia de noticias estatal Télam, entidades que calificó como “cajas de militancia”.
El mandatario derechista también celebró este sábado, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el despido de 40 mil empleados públicos, pero un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que serían unos 43 mil, en base a datos del Instituto de Estadísticas nacional.