La Corte Suprema de Estados Unidos analizará este martes 4 de marzo la demanda que el gobierno de México presentó contra armerías estadounidenses. Si la demanda prospera, podría establecer un precedente en la regulación de la venta de armas y el combate al tráfico ilegal.
El caso ante la Corte Suprema
Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), comentó en el Foro Internacional sobre Tráfico y Desvío de Armas en Latinoamérica, que el gobierno mexicano continúa con su estrategia legal contra los fabricantes y distribuidores de armas en EE.UU. Actualmente, existen dos litigios clave: uno en la Corte Suprema de EE.UU. y otro en la Corte de Tucson, Arizona.
En el caso de la audiencia de hoy, que comenzó en 2021 ante una corte federal de Boston, Massachusetts, el gobierno mexicano busca responsabilizar a los fabricantes de armas por facilitar el tráfico ilegal de estas hacia territorio mexicano. En paralelo, el litigio en Tucson contra cinco tiendas de armas está en una nueva fase de recolección de evidencias (discovery), lo cual representa un avance favorable para México, según Arrocha Olabuenaga.
El apoyo de activistas y académicos
Un grupo de activistas, académicos y víctimas presentó un amicus curiae el 20 de enero, donde señalan que las empresas demandadas, entre ellas Smith & Wesson, Barrett, Beretta y Glock, diseñan, comercializan y distribuyen armas de fuego con pleno conocimiento de que muchas de ellas terminan en manos de grupos criminales en México.
De acuerdo con los datos expuestos en este documento, 49% de las armas recuperadas en México y rastreadas por la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU.) provienen directamente de EE.UU., mientras que otro 19.3% fueron adquiridas en otros países pero pasaron por territorio estadounidense antes de llegar a México.
Obstáculos políticos y legales
John Lindsay-Poland, integrante de la red binacional “Desarmando el Miedo”, declaró a El Economista que la demanda mexicana se basa en el argumento de que las empresas armamentistas estadounidenses facilitan el tráfico de armas al no implementar mecanismos efectivos para evitar la venta a traficantes. A pesar de que las empresas saben que sus armas terminan en México, no han tomado medidas correctivas, pese a las advertencias del gobierno de EE.UU.
Lindsay-Poland destacó que, aunque la Corte Suprema podría favorecer a México, la audiencia de hoy no trata el fondo del caso, sino la posibilidad de que la demanda continúe en una corte de menor instancia. Aun así, advirtió que el ambiente en la Corte es “muy hostil”, ya que en ocasiones anteriores ha favorecido a la industria de las armas.
La inmunidad de la industria armamentista
Jorelvy Calixto, especialista en seguridad y narcotráfico, explicó que la defensa de la industria armamentista de EE.UU. se basa en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que otorga inmunidad a los fabricantes frente al uso criminal de sus productos. Según Calixto, un fallo favorable a México podría establecer la responsabilidad de la industria armamentista en el tráfico de armas, lo que representaría un “golpe” a la economía estadounidense. En caso contrario, la industria armamentista saldría reforzada legalmente, dificultando futuras acciones judiciales similares.
En caso de un fallo adverso, aún existiría la posibilidad de apelar ante la Corte Penal Internacional, aunque Calixto señaló que sería difícil que prospere una resolución a favor de México, ya que podría abrir la puerta a demandas similares de otros países afectados por el tráfico de armas estadounidenses.
Incautaciones de Fentanilo Disminuyen en la Frontera
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las incautaciones de fentanilo han disminuido en la frontera con EE.UU. desde octubre de 2024. Según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), las incautaciones han caído un 49.94%, es decir, la mitad de lo que se incautaba en octubre de 2024.
A pesar de esta disminución, la Operación Frontera Norte ha mostrado resultados positivos, con 1,026 personas detenidas, lo que representa un aumento del 37.5% en comparación con las 746 detenciones reportadas al 23 de febrero. Además, el aseguramiento de armas creció un 42.4%, pasando de 705 a 1,004 unidades.
En cuanto al narcotráfico, las incautaciones de fentanilo aumentaron ligeramente, pasando de 54.90 kg a 55.90 kg, lo que refleja un incremento del 1.8%. Asimismo, el decomiso de cartuchos creció un 40.7%, pasando de 80,317 a 113,058, y la cantidad de cargadores asegurados aumentó un 37%, de 2,914 a 3,990.