Las autoridades judiciales han girado una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
De acuerdo con fuentes judiciales, la orden también incluye a otros siete exfuncionarios de su administración, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
Hasta el momento, se ha confirmado la detención de Carlos Maldonado Mendoza en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Asimismo, Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo fueron aprehendidos en Morelia, Michoacán. Se espera que en los próximos días las autoridades den más información sobre el estado de las investigaciones y la posible detención de los demás implicados.
Acusaciones por desvío millonario
Silvano Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021 bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfrenta acusaciones relacionadas con la desaparición o desvío de 32 mil 666 millones de pesos de fondos federales, según datos actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta cifra representa el segundo mayor desfalco estatal registrado en el país, solo superado por el cometido en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.
Uno de los casos más emblemáticos que se le atribuyen es el presunto desvío de cinco mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles policiales en Michoacán. El actual gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció esta irregularidad en enero de 2024, señalando que los recursos no fueron utilizados para los fines previstos.
Consecuencias legales
El peculado, uno de los delitos que se le imputan a Aureoles, implica el uso indebido de recursos públicos por parte de un funcionario para beneficio propio o de terceros. En Michoacán, este delito está tipificado en el artículo 231 del Código Penal local y contempla penas de prisión de 2 a 14 años, dependiendo de la cantidad de recursos desviados. También puede conllevar multas económicas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta 20 años.
Hasta el momento, el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, no ha emitido una postura oficial sobre la orden de aprehensión contra el exgobernador. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar el destino de los recursos presuntamente desviados durante su administración.