La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó el análisis sobre la contradicción de criterios 8/2025 en torno al presunto doble cobro de IVA a maquiladoras, para evaluar el impacto que la medida tendría para el fisco.
El caso fue enlistado para la sesión en el Pleno de la Corte de esta mañana, aunque al inicio la Ministra Lenia Batres solicitó aplazarlo en espera de un análisis más profundo del impacto que la medida tendría, pues darle la razón a una empresa podría tener una repercusión de 13 mil 500 millones de pesos.
“Constituiría entonces una condonación ilegal que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable del país, si es que así se considerara. Por ello, la resolución del asunto que usted ha enlistado para la sesión de hoy debe tomarse con el estudio minucioso que atienda su naturaleza y complejidad de manera responsable para no afectar el interés público”, dijo.
La solicitud fue planteada por Batres primero a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, autora del proyecto, y luego a la Presidenta de la Corte, Norma Piña.
Esquivel aceptó, por lo que la solicitud ya no tuvo que ser votada en el Pleno, aunque el Ministro Javier Laynez criticó que la razón expuesta por Batres estuviera supeditada a un criterio económico y no a la ley.
“Que se requiera un análisis financiero o presupuestario, señala ella, para tomar una decisión adecuada. Sí, con todo respeto. ¿Qué significa eso? Es decir, si hay un gran impacto, la norma es constitucional, o si el impacto es menor o en otro grado, pues pudiéramos declarar en constitucional. Con todo respeto, yo nunca compartiría como juez constitucional una tal decisión y un razonamiento de este tipo.
“Para mí, lo primero es la constitución y la ley. ¿Quién tiene el mejor derecho y a quién corresponde dar la razón?”, dijo, y argumentó que existían otras razones para estudiar más a fondo el tema.
Por su parte, el Ministro Alberto Pérez Dayán apoyó que se pospusiera el caso, pues dijo que la respuesta que ahora podría darse no resolvería todos los diferendos.
Por ejemplo, afirmó, la controversia no aborda la constitucionalidad de una regla sino que sólo se queda en un tema interpretativo de legalidad.
La Ministra Loretta Ortiz se opuso a posponerlo, pues consideró que se debería dar certeza jurídica a las empresas y que las dudas ya estaban resueltas.
“Lo que hay que dar es certeza jurídica, certeza jurídica que cada día que nos atrasamos en resolver este proyecto está en vilo, porque nosotros tenemos la capacidad suficiente, por eso fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte para resolver este asunto, y en el caso particular yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita”, aseveró.
Pérez Dayán también consideró que se debería contar con más tiempo para analizar más razones jurídicas, pero no el criterio económico planteado por Batres.
La contradicción de criterios 8/2025 tiene que ver con el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, que existe desde 2006 y permite a las maquiladoras importar temporalmente insumos al País con beneficios fiscales, siempre y cuando se usen para manufactura de productos destinados a exportación.
Ahora, las empresas alegan que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende un doble cobro de IVA.
El primero, cuando la maquiladora retira el insumo de la aduana, pues tiene que pagar directamente al SAT el IVA por la importación.
El segundo, el IVA que tendría que pagar la maquiladora por la compra del insumo a una empresa sin establecimiento en México, ya que esta es una operación distinta de la importación.
El SAT considera que estas ventas no están exentas de IVA, y estimó que las operaciones de este tipo entre 2019 y 2023 sumaron 279 mil millones de pesos, sobre los cuales pretende cobrar 44 mil 640 millones de impuesto que no fue retenido.
Además, la multinacional coreana Samsung enfrenta un crédito fiscal de 6 mil 714 millones de pesos por el mismo tema, pero fincado por los ejercicios de 2015 y 2016.
Tanto la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) como el Pleno Administrativo de la Región Centro Norte, que son los órganos de mayor jerarquía que se han pronunciado, han dado la razón a maquiladoras.
Sin embargo, el pasado 13 de diciembre, un tribunal colegiado de Mérida confirmó un crédito fiscal de 9.2 millones de pesos a la maquiladora de uniformes Blauer Comercial de México, lo que generó la contradicción con el Pleno Regional, misma que fue denunciada en enero por el SAT ante la Corte.
La Primera Sala de la Corte ya atrajo siete amparos de empresas que perdieron en primera instancia ante salas regionales del TFJA.