La NASA está bajo escrutinio del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el magnate tecnológico Elon Musk. Janet Petro, administradora interina de la agencia espacial, confirmó en un correo al personal que los enviados de Musk revisarán los contratos y que se prevé una reducción masiva de plantilla. El propio DOGE anunció su llegada con un mensaje en redes sociales solicitando la colaboración ciudadana para detectar y eliminar “despilfarro, fraude y abuso de poder” en la NASA.
Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de EE. UU., sus decretos han generado una paralización progresiva de los comités asesores de la NASA, asegurándose de que cumplen con las nuevas directrices. Entre los afectados está el MEXAG, grupo de investigación sobre Mercurio, cuya web ahora solo muestra un mensaje indicando que está bajo revisión por recomendación del liderazgo de la NASA. La cancelación de sus reuniones presenciales se suma a otras restricciones, como la eliminación de sesiones sobre diversidad e inclusión, en cumplimiento del decreto presidencial que prohíbe estos criterios en el sector público. Incluso han desaparecido páginas web de la NASA, como la que homenajeaba a la generación de astronautas de 1978, la primera en incluir mujeres y minorías étnicas.
En este clima de incertidumbre, la NASA ha congelado decisiones sobre sus grandes proyectos, incluido el programa Artemis, que busca llevar astronautas a la Luna en los próximos años. Para quienes critican la burocracia en Washington, Artemis es un ejemplo de ineficiencia: su costo proyectado para 2025 ya supera los 93.000 millones de dólares, y cada misión lunar implicaría un gasto extra de 4.000 millones en el cohete SLS y la nave Orion, ambos de un solo uso.
Musk, también dueño de SpaceX, que recibe millonarios contratos de la NASA, ha sido crítico con el enfoque de Artemis. En diciembre, publicó en X: “La arquitectura de Artemis es extremadamente ineficiente. Es un programa que maximiza los puestos de trabajo, no los resultados. Se necesita algo completamente nuevo”.
La posibilidad de que Artemis sea cancelado ha alarmado al sector aeroespacial. Boeing, fabricante del cohete SLS, advirtió a sus empleados sobre posibles despidos masivos si el programa se reduce o elimina. Una opción intermedia sería mantener Artemis, pero limitándolo a la misión Artemis 3, que llevaría a la primera mujer a la Luna y que ya ha sido retrasada hasta 2027.
A pesar de la postura de Musk, Trump no tiene la facultad de cancelar Artemis por sí solo. Cualquier cambio en el presupuesto asignado debe ser aprobado por el Congreso, donde el programa cuenta con respaldo bipartidista, especialmente en estados como Alabama, Texas, Mississippi y Florida, donde su industria genera miles de empleos. Incluso el senador republicano Ted Cruz ha defendido la continuidad del programa y planea promover una votación para garantizar su financiamiento.
Si Trump decide cancelar Artemis, se enfrentaría a su primer gran conflicto con el Congreso en su segundo mandato. Con una mayoría republicana ajustada, necesitaría el apoyo de legisladores de los estados afectados, quienes podrían verse divididos entre la lealtad al presidente y los intereses económicos de sus votantes. Además, críticos de la posible cancelación, como el congresista Brian Babin, argumentan que abandonar Artemis daría ventaja a China, que planea su propia misión lunar para 2030.
Musk, por su parte, considera que volver a la Luna es una distracción del verdadero objetivo: llegar a Marte. Su visión ha sido adoptada por Trump, quien en su discurso inaugural aseguró: “Perseguiremos nuestro destino manifiesto en las estrellas, enviando astronautas estadounidenses a plantar nuestra bandera en Marte”.