La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que su gobierno está analizando la solicitud del capo para ser repatriado.
Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa, tiene actualmente cinco órdenes de aprehensión vigentes en México, emitidas entre 1998 y 2009 por diversos juzgados federales del país. Estas órdenes están relacionadas con los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, asociación delictuosa, acopio de armas y delitos contra la salud, además de contar con una solicitud de extradición a Estados Unidos por múltiples cargos.
Un pasado de órdenes de captura
Las órdenes de aprehensión contra Zambada fueron emitidas por los siguientes juzgados: el Juzgado Quinto y el Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del entonces Distrito Federal, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, en el Estado de México, y el Juzgado Segundo de Distrito de Tepic, en Nayarit. La primera de estas órdenes surgió en el marco del denominado “maxiproceso”, el 18 de enero de 1998, cuando se ordenó la detención de más de 100 personas, entre ellas Zambada, vinculadas con actividades ilícitas de narcotráfico.
En ese mismo año, Zambada enfrentó acusaciones provenientes de Estados Unidos, que lo señalaban por su papel como líder del Cártel de Sinaloa. Las 17 acusaciones se distribuyeron en cinco cortes federales de los Estados Unidos: El Paso, Chicago, Washington, San Diego y Nueva York. Por estos cargos, también se emitió una orden de aprehensión con fines de extradición hacia el país vecino.
Solicitud de repatriación
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno está evaluando la solicitud de El Mayo Zambada para ser repatriado desde Estados Unidos. Este pedido está relacionado con presuntas irregularidades durante su detención el 25 de julio de 2024. La solicitud fue presentada por el propio Zambada a través de una carta entregada al consulado mexicano en Nueva York, en la que el capo mexicano pide a las autoridades de su país que intercedan a su favor y lo repatrien para evitar una posible sentencia de pena de muerte en Estados Unidos.
Evaluación del caso y la detención
En una conferencia de prensa, Sheinbaum comentó que el Gobierno de México está planteando la situación ante la Fiscalía General de la República (FGR). La mandataria subrayó que el tema a evaluar no solo es el de los delitos cometidos por Zambada, sino el derecho de un ciudadano mexicano a ser juzgado de acuerdo con los procedimientos establecidos en su país de origen, en este caso, México.
“Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República, ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho en este tema, porque más allá del personaje, el asunto es cómo se da esta detención”, explicó Sheinbaum.
El argumento de El Mayo para pedir su repatriación es que fue secuestrado en México por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien lo entregó a las autoridades estadounidenses. Según Zambada, si México no accede a su repatriación, se estaría estableciendo un precedente negativo en las relaciones entre ambos países.
Secuestro confirmado por la FGR
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó la versión del secuestro en una conferencia el 29 de octubre de 2024. Según Gertz Manero, el delito de secuestro ocurrió en México y está debidamente documentado, con diversas investigaciones abiertas sobre los homicidios cometidos durante este proceso. Además, la Fiscalía presentó 78 pruebas ante un juez en contra de Joaquín Guzmán López, por los delitos de traición a la patria por entregar a un mexicano a las autoridades extranjeras, y por el secuestro de El Mayo Zambada.
Implicaciones de la repatriación
La solicitud de El Mayo Zambada está generando un debate sobre la justicia y los derechos de los ciudadanos mexicanos frente a un sistema judicial internacional. En caso de que se decida su repatriación, el proceso podría sentar un precedente importante para futuras situaciones similares, en las que se cuestiona la legalidad y los procedimientos de detención de ciudadanos mexicanos fuera del país.