Los elementos fueron detenidos en flagrancia, toda vez que no pudieron acreditar la función de policía, a través de alguna credencial o documento, por lo que las detenciones se realizaron por el ilícito de usurpación de funciones públicas.
Tonalá, Chiapas.- Un operativo de seguridad llevado a cabo por fuerzas estatales y federales resultó en la detención de 98 personas que actuaban como policías en el municipio de Tonalá, Chiapas. Estos individuos fueron arrestados por el delito de usurpación de funciones públicas al no poder acreditar su calidad de agentes mediante documentación oficial.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia mientras intentaban desempeñar funciones policiales sin la credencial adecuada, lo que dio pie a las aprehensiones. Entre los arrestados, tres personas portaban armas de fuego sin la debida autorización.
Además, dos de los detenidos están siendo investigados por presuntamente alertar a grupos criminales sobre la presencia de retenes y operativos de seguridad. Esto se descubrió tras la revisión de sus teléfonos celulares, donde se encontraron pruebas de comunicación con delincuentes para sabotear las acciones de las autoridades.
El operativo, llevado a cabo por la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad de Chiapas, fue parte de las acciones de la mesa de seguridad regional. Durante la verificación de armamento y las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se logró desmantelar una red que operaba desde dentro de las fuerzas de seguridad.
¿Qué sigue para los detenidos?
Los 98 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación legal y los cargos que enfrentarán. Este caso pone de manifiesto el grave problema de infiltración de grupos criminales en las instituciones de seguridad pública, un hecho que agrava aún más la ya compleja situación de seguridad en la región.
Un llamado a la justicia
Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad para evitar futuras infiltraciones.
Este operativo refleja la determinación de las autoridades para combatir la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de la población.