La presidente envía dos iniciativas al Congreso que fortalecen su apuesta por el secretario de Seguridad.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, apresura la consolidación de su estrategia de seguridad con un par de iniciativas enviadas al Congreso que buscan reforzar las superfacultades que otorgó en la Constitución a la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch.
Entre las propuestas destacan:
- Un registro nacional de usuarios de telefonía móvil para combatir el secuestro y la extorsión.
- Actualización diaria de bases de datos.
- Concentración de las labores de investigación en la Secretaría de Seguridad.
Estas medidas forman parte de las dos leyes en materia de seguridad enviadas este jueves al Congreso por la mandataria. El plan incluye una reingeniería de las instituciones de seguridad, obligándolas a compartir diariamente la información que generen. Además, otorga aún más poder a Harfuch, tras la reforma constitucional que le concedió competencias en investigación.
Estas leyes derivan de la enmienda al artículo 21 de la Constitución, aprobada en noviembre, para ampliar y reforzar el papel de la Secretaría de Seguridad. La apuesta por Harfuch se refuerza con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que estará presidido por la presidencia de la República y, en su ausencia, por el secretario de Seguridad.
El “supersecretario” tendrá amplias atribuciones, como la investigación de delitos, compartida con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. También podrá coordinar a los tres niveles de Gobierno y fiscalizar los recursos federales destinados a los Estados.
Agencia de Transformación Digital: un control total de datos
Otra pieza clave será la Agencia de Transformación Digital, que pondrá en marcha una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil. Esta obligará a las empresas de telecomunicaciones a registrar a los titulares y usuarios de líneas móviles, con la capacidad de inhabilitar aquellas no asociadas a una persona.
Las facultades de esta agencia son amplias: podrá usar la información para nutrir investigaciones e incluso obtener datos de prueba.
Las iniciativas presidenciales serán analizadas por el Legislativo, dominado por el bloque oficialista, y solo requieren de una mayoría simple en ambas cámaras (mitad más uno) para su aprobación.
Otro pilar fundamental es el robustecimiento de las políticas de acreditación, certificación y profesionalización en los tres órdenes de Gobierno, incluyendo la certificación individual del personal, sin limitarse a evaluaciones de control y confianza.
Centralización total de la información de seguridad
La iniciativa obliga a todas las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales a compartir y actualizar diariamente la información generada. Todo quedará bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con clasificación reservada. Esto incluye:
- Registros nacionales de detenciones
- Bases de datos de vehículos
- Huellas dactilares
- Teléfonos celulares
- Información criminal
- Personal de seguridad pública
En el ámbito de la inteligencia, la reforma otorga a la Secretaría de Seguridad Pública el control de la coordinación del sistema. Todas las dependencias estatales y municipales deberán compartir la información que posean en la materia.
Esto supone un control absoluto de datos, incluyendo:
- Registros vehiculares, biométricos y telefónicos
- Base de datos de armas de fuego, comercios e inmuebles
Además, el sistema encabezado por Harfuch podrá realizar tareas de inteligencia, como:
- Elaboración de mapas, radiografías y organigramas de grupos criminales
- Análisis de incidencia delictiva por municipios, entidades y regiones prioritarias
Con estas reformas, Sheinbaum apuesta por una estrategia de seguridad centralizada y con mayor poder para la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Omar García Harfuch.