La FGR inició formalmente las carpetas de investigación por delitos contra la administración de la justicia en contra de dos jueces federales que dictaron fallos contra la reforma judicial.

Se trata de Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito con sede en Michoacán, y María Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco.

Ambos juzgadores dieron a conocer que recibieron oficios de la FGR con requerimientos de información, en particular las fotocopias de los amparos y suspensiones que emitieron contra la reforma judicial.

Santamaría instruyó suspender la elección de juzgadores y Ruiz suscribió la primera sentencia de amparo contra la reforma. El primero fue denunciado ante la Fiscalía por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual lo acusó de invadir su jurisdicción.

“Quiero que quede registro de estas arbitrariedades (…) Lejos de que las fiscalías se dediquen a perseguir delincuentes, ahora resulta que nos están persiguiendo a nosotros los juzgadores, ¿y qué mayor ejemplo de que está socavada la independencia judicial? Entonces, si esto es ahora, imaginen después que se consolide esta reforma espuria”, expresó Ruiz en la rueda de prensa de los juzgadores federales.

También reveló que el bloque oficialista en el Consejo de la Judicatura Federal -integrado por Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina- votaron para que le iniciaran un procedimiento disciplinario por su sentencia de amparo contra la reforma.

“Veo que es con el ánimo precisamente de amedrentar a todos los juzgadores para cualquier tipo de caso”, expresó la jueza Ruiz.

En tanto, Santamaría dijo que habrá de controvertir debidamente, ante la propia autoridad ministerial, su caso.

Samir Fajardo Morales, abogado internacionalista que representa a los juzgadores, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares que brinden protección a los jueces que ahora son perseguidos.