El gobierno del presidente Donald Trump demandó el jueves a Chicago, alegando que las leyes “santuario” en la tercera ciudad más grande del país “frustran” los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La demanda, que también nombra al estado de Illinois, es el esfuerzo más reciente para tomar medidas enérgicas contra los lugares que limitan la cooperación entre los agentes federales de inmigración y la policía local. Esto se produce después de las amenazas del gobierno federal de presentar cargos penales y recortar los fondos federales a lo que se conoce como ciudades santuario.
“La conducta de los funcionarios en Chicago e Illinois que hacen cumplir mínimamente, y a menudo frustran afirmativamente, las leyes federales de inmigración durante un período de años ha resultado en la liberación de innumerables delincuentes en Chicago que deberían haber sido detenidos para la deportación de inmigración de los Estados Unidos”, según la demanda presentada en el tribunal federal de Chicago.
El presidente Donald Trump a menudo ha señalado a Chicago e Illinois, que tienen algunas de las protecciones más fuertes del país para los inmigrantes. Altos funcionarios de la administración visitaron la ciudad el mes pasado para lanzar una mayor aplicación de la ley de inmigración y mostraron imágenes del “zar de la frontera” Tom Homan haciendo arrestos en televisión en vivo.
El enfoque agresivo y la dura retórica han sido muy criticados por avivar los temores en las comunidades de inmigrantes y alimentar falsas afirmaciones sobre el crimen entre los inmigrantes.
Si bien varios delitos violentos y de alto perfil que involucran a personas que se encuentran ilegalmente en los EE. UU. han estado en las noticias en los últimos meses, no hay nada que respalde la acusación de que sucede a diario. Los estudios han encontrado que las personas que viven ilegalmente en los EE. UU. tienen menos probabilidades que los estadounidenses nacidos en el país de haber sido arrestadas por delitos violentos, de drogas y contra la propiedad.
Aun así, el sentimiento es la piedra angular de la agenda de Trump. El primer proyecto de ley que firmó de su nueva administración, que lleva el nombre de la estudiante de enfermería de Georgia Laken Riley, requiere la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos.
Horas después de que la nueva procuradora general Pam Bondi prestara juramento el miércoles, lanzó la última salva de la administración contra las ciudades santuario, ordenando el fin de las subvenciones del Departamento de Justicia para jurisdicciones que “interfieren ilegalmente con la aplicación de la ley federal”.
Los tribunales, sin embargo, han confirmado en repetidas ocasiones la legalidad de la gama de leyes santuario. Las leyes no permiten que las fuerzas del orden locales interfieran activamente con las operaciones federales. La primera Casa Blanca de Trump también intentó negar subvenciones de seguridad pública a las jurisdicciones santuario, pero los tribunales también rechazaron en gran medida esos intentos.
Esta administración, sin embargo, ya ha dejado en claro que el precedente legal no necesariamente se interpondrá en su camino. Los abogados dicen que el simple hecho de presentar demandas puede intimidar a las jurisdicciones para que se alejen de sus leyes santuario.
La demanda afirma que las leyes locales van en contra de las leyes federales al restringir que “los gobiernos locales compartan información de inmigración con los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley” e impedir que los agentes de inmigración identifiquen a “las personas que pueden estar sujetas a deportación”.
Chicago, fuertemente demócrata, ha sido una ciudad santuario durante décadas y ha reforzado sus leyes varias veces desde la década de 1980, incluso durante el primer mandato de Trump en 2017. Ese mismo año, el entonces Gobernador. Bruce Rauner, un republicano, firmó más protecciones de santuario en todo el estado, lo que lo puso en desacuerdo con su partido.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ha defendido las leyes santuario de la ciudad. Él y otros alcaldes planean testificar el próximo mes en una audiencia del Congreso sobre las ciudades santuario. En los últimos meses, Chicago ha ayudado a organizar capacitaciones para que las personas aprendan sus derechos cuando se trata de agentes de inmigración y ha publicado la información en las estaciones de transporte público de toda la ciudad.
El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, uno de los críticos más acérrimos de Trump, dijo que el estado siempre ha cumplido con la ley.
“A diferencia de Donald Trump, Illinois sigue la ley”, dijo la oficina de Pritzker en un comunicado. “En lugar de trabajar con nosotros para apoyar a las fuerzas del orden, la Administración Trump está dificultando la protección del público, tal como lo hicieron cuando Trump indultó a los criminales violentos condenados el 6 de enero”.
La demanda también nombra al condado de Cook, donde se encuentra Chicago, y a su alguacil. Los mensajes dejados el jueves para la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, y el alguacil del Condado de Cook, Tom Dart, no fueron respondidos de inmediato.