Un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) revela que el actual modelo de coordinación fiscal entre las entidades federativas no contribuye a reducir las desigualdades de desarrollo regional, lo que impide que se cierren las brechas económicas y sociales en el país.
El estudio señala que el esquema vigente de asignación de recursos federales no favorece la movilidad social, lo que se traduce en un estancamiento económico y en un obstáculo para alcanzar la justicia y la cohesión social. Además, la falta de un ajuste adecuado en la distribución de los recursos sigue perpetuando las disparidades en las oportunidades entre las regiones.
En ese sentido, el CEEY destaca que el principal gasto descentralizado, compuesto por las participaciones y aportaciones federales, tiene una relación débil con la movilidad social ascendente. Para solucionar este problema, se propone un esquema de distribución más equitativo, que asigne mayores recursos a los estados más desfavorecidos, con el fin de disminuir las diferencias entre las entidades federativas.
El análisis también revela que, en el sur del país, el 86% de la población nace en condiciones de pobreza y no logra superar esa situación, mientras que en el norte la cifra es del 54%. Ante esta realidad, se sugiere una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, que contemple cambios en las fórmulas de distribución de las participaciones y aportaciones federales.
Entre las propuestas, el CEEY sugiere acelerar el proceso para igualar lo que reciben los estados por persona, además de eliminar los fondos múltiples que complican la asignación de recursos. En cuanto a las aportaciones federales, se plantea simplificar los fondos y establecer una distribución inicial que considere los rezagos en áreas clave como educación, salud, infraestructura y seguridad pública. También se propone un mecanismo que premie el esfuerzo de los estados en reducir estos rezagos.
Como medida adicional, el análisis propone la creación de un Fondo Regional de Infraestructura Económica y Social, dirigido a las zonas más rezagadas del país.
Además, para disponer de mayores recursos para reducir las desigualdades, el CEEY sugiere una reforma en la recaudación del impuesto predial. Esto implicaría un sistema de colaboración entre los municipios, los estados y la federación, donde los estados se encargarían de actualizar los registros catastrales y la federación gestionaría la cobranza y distribución de los recursos obtenidos. Los fondos recaudados se redistribuirían entre los tres niveles de gobierno.