“No podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes y menores”, advirtió la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto. Se da vista a la FGR por posible delito de juez que ordenó suspender el proceso de selección.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó revocar la suspensión del procedimiento de selección y evaluación de aspirantes al Poder Judicial, por lo que el Comité de Evaluación del PJ tiene que reactivar el proceso, el cual estaba parado desde el pasado 7 de enero.
El proyecto de la magistrada Mónica Soto, apoyado por tres magistrados mientras que dos votaron en contra, también determina dar vistas al Consejo de la Judicatura Federal y a la Fiscalía General de la República, por un posible delito contra la administración de justicia por parte del juez federal con residencia en Michoacán, Sergio Santamaría, quien ordenó parar los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial a principios de este mes.
La mayoría del TEPJF coincidió que el juez, con residencia en Michoacán, no tiene competencia en materia electoral y la suspensión que dictó es una violación a la Constitución. Por ello se denunciará su actuación ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“No podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes y menores”, zanjó la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, autora del proyecto.
De esta forma se tendrán que reactivar en breve los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que estaban parados desde el pasado 7 de enero. En el Comité de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo los trabajos continúan y se encuentran en la fase de entrevistas de aspirantes, para entregar una lista definitiva a principios de febrero, después de una tómbola a la que irán los mejores perfiles.
La Suprema Corte ya había rechazado, el 13 de enero, revocar la suspensión de trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues consideró que se debía atender la suspensión dictada por un juez.
Sin embargo, en el Tribunal Electoral el criterio fue diferente, al considerar que se está afectando el derecho de ser votado.
Mónica Soto señaló que no es la primera vez que “un juez incompetente” pretende estar por encima de la sala superior.
“El juez que pide a esta instancia que renuncie a su competencia pues creo que está cayendo en un exceso, está extralimitando sus funciones… considero de alta gravedad la actuación de este juez”, aseveró Soto Fregoso.
“No somos jueces del mismo nivel, la sala superior es última instancia”, recordó.
La magistrada señaló que la forma institucional de resolver esto es ahora “cuando todavía no hay una afectación directa, palpable”.
A su vez, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña observó que hay una “vulneración directa a la Constitución porque la elección judicial está prevista constitucionalmente y no admite una suspensión”.
Acusó un “exceso” de las atribuciones del juez que ordenó suspender el proceso, pues se afecta el orden constitucional e invade competencias en materia electoral.
“El juzgador pretende desbocar el proceso electoral en curso o afectarlo”, aseveró.
“La suspensión no solo puede entorpecer el proceso y generar incertidumbre sino que está constitucionalmente prohibida”, advirtió.
Y agregó que las consideraciones del juzgador “resultan inadmisibles jurídicamente”, además de que pretende desconocer el carácter definitivo e inatacable del Tribunal Electoral.
“Busca incidir en una elección federal y afectar los derechos de la ciudadanía, alterando el normal desarrollo de dicho proceso”, insistió.
Por su parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera agregó que “la intervención de este tribunal es urgente porque si no se agotaría la vida del comité”, ya que sus trabajos estarían por terminar en cuestión de semanas, antes de entregar las listas de candidatos al INE.
“En el proceso están involucrados los derechos de la ciudadanía de votar y ser votados”, apuntó.
El juez, dijo Fuentes, “está actuando fuera de su competencia y está cuestionado la legitimidad del órgano reformador de la Constitución”.
“Es evidente que no existe motivo alguno para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación suspenda sus actividades. En consecuencia debe continuar con sus obligaciones constitucionales y legales consistentes en el desarrollo del procedimiento y selección de los aspirantes a ser postulados a los cargos a personas juzgadoras, a efecto de hacer vigentes los derechos de las y los aspirantes que acudieron a su convocatoria, con la finalidad de ser postulados y someterse al voto popular”, explicó.
Y añadió que es “inviable que el juez de distrito logre que este tribunal renuncie a sus facultades, para dar certeza a la sociedad en la elección de personas juzgadoras, porque se trata de un derecho de la ciudadanía”.
“Los actos del Comité de Evaluación del PJ tienen naturaleza electoral. Una norma individualizada no puede entorpecer ni estar por encima de la Constitución, ni una orden de un juez pueden estar por encima de nuestra máxima norma que es la Constitución federal, no es posible interrumpir provisional o definitivamente el desarrollo de la elección de personas juzgadoras”, apuntaló.
Por si fuera poco, el proyecto aprobado precisa que en caso de desacato de la sentencia del TEPJF, los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial se enfrentarían a un arresto de hasta 36 horas, multas de hasta 565 mil pesos, equivalentes a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización, así como la posibilidad de que se pida auxilio de la fuerza pública para cumplir la sentencia, según las medidas de apremio del artículo 32 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez fueron los únicos que se apartaron del proyecto.