Cd. de México.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió una suspensión provisional al colectivo Educación Con Rumbo (ECR) para que autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública (SEP), implementen medidas para prevenir y proteger a los alumnos contra el abuso sexual.

Los integrantes del colectivo que interpusieron la demanda de amparo reprocharon que el delito va en incremento ante omisiones.

El grupo pro educación e infancias comunicó este martes que obtuvo la suspensión para que, además de la SEP, también apliquen medidas a favor de estudiantes mexicanos la Presidencia de la República; el Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades referidas deberán atender la petición para realizar estas acciones necesarias para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual cometida contra niños y niñas en escuelas del País.

Los mismos activistas señalaron que la SEP ha incurrido en omisiones para proteger a los educandos, debido a la falta de protocolos efectivos.

“Lo anterior a partir del aumento estadístico de incidentes de violencia sexual en escuelas y de que México ocupa los primeros lugares a nivel internacional en violencia sexual y pornografía infantil”, expuso el colectivo.

El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz enfatizó que el aumento de incidentes de violencia sexual en escuelas exige una respuesta firme y coordinada de autoridades, y de corresponsabilidad de padres de familia, directivos de escuelas, maestros y equipo administrativo.

Agradeció la decisión del PJF para salvaguardar la Constitución, los Tratados Internacionales y los derechos humanos de los niños, al ordenar a las autoridades que implementen medidas inmediatas de protección.

“El abuso sexual en escuelas es un delito lacerante por vulnerar a niños entre 3 y 17 años y por tratarse de un delito cometido con todas las agravantes que está creciendo en México y que exige que las autoridades lo reconozcan para posteriormente prevenirlo, combatirlo, sancionarlo con las penas máximas y erradicarlo”, expuso.

Ortiz puntualizó que esperan que el amparo y la resolución del Poder Judicial de la Federación sea acatada sin reservas por las autoridades, al remarcar que se trata de una problemática muy sensible que afecta el valor más puro de la niñez que es su inocencia.

Asimismo, que dicha problemática ha sido identificada y reconocida por la OCDE, Unicef, el Senado de la República, el IMSS y las propias autoridades.

“Es un tema que no admite posturas ideológicas, cálculos políticos ni impugnaciones”, apuntó.

‘El enemigo en las escuelas’

El colectivo citó el estudio “Es un Secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., que reporta en su actualización de 2024 patrones de conducta donde se utilizaron cámaras y se vulneraron física y sexualmente a los niños en instalaciones educativas.

“A partir de supuestos juegos y aprovechando de la inocencia de los niños y en algunos casos los sustraían de escuelas y obligaban a los alumnos a presenciar actos donde vulneraban a otros niños”, refirió ECR.

“Adicionalmente, se detectaron casos donde operan grupos dedicados a la explotación sexual infantil dentro de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia, y revela un profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna y atención integral de la violencia sexual infantil en las escuelas”, agregó.

Adicionalmente, destaca el reporte que desde el 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó al Senado de la República que se habían detectado 12 mil 300 cuentas de internet que distribuían material de explotación sexual de niñas y niños en México.

Educación con Rumbo emplazó a las autoridades a que rindan cuentas e instrumenten las medidas de protección en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos con enfoque en garantizar el derecho humano de los niños a vivir en un ambiente sano y libre de violencia física y sexual en escuelas.

Desde 2021, UNICEF hizo un llamado a poner fin a la violencia sexual en las escuelas en México y aconsejó una reforma legal y políticas públicas integrales para revertir la situación.

“Sin que se advierta a la fecha la implementación de acciones, programas y protocolos para identificar, prevenir y combatir esa conducta creciente en México”, lamentó Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional del colectivo.

El exhorto a las autoridades federales es que incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación estrategias concretas y acciones puntuales para identificar, prevenir y sancionar el abuso sexual de escuelas en México.