CDMX.- En un hecho inusual, un juez federal instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a algunos de sus fiscales porque durante más de cuatro meses y medio no cumplieron con la orden de aprehensión del ex jefe de la Unidad Antisecuestros, Gualberto Ramírez.
Se trata de una orden librada contra el ex funcionario porque supuestamente usó información falsa para solicitar una orden judicial de intervención de comunicaciones y de extracción de datos del teléfono de Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betito”, sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén.
Juan José Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, dio vista a la FGR para que indague a integrantes de su Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Internos (FEIAI) porque administraron este mandamiento de captura de manera irregular.
El juzgador consideró que el no haber cumplimentado la aprehensión, cuando incluso el ex funcionario estaba preso, violó los derechos humanos del imputado, porque en caso de ser hallado culpable y condenado, esos 4 meses y 20 días de retraso serán también 4 meses y 20 días de cárcel adicionales a su castigo.
La orden de aprehensión contra Ramírez fue librada el 21 de diciembre de 2022 por delitos contra la administración de la justicia, coalición de servidores públicos, falsificación y uso de documentos falsos. Únicamente fue procesado por el primero de ellos.
El ex funcionario fue aprehendido el 25 de junio de 2023 en Tecámac, Estado de México, pero por el caso de la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado,”El Cepillo”, supuesto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Seis días después fue vinculado a proceso por ese asunto, pero no le ejecutaron la aprehensión por el caso relacionado con “El Betito”, pese a que tenía medio año de haber sido ordenada.
Fue hasta el 14 de noviembre de 2023, cuatro meses y 20 días después de su captura, cuando la FGR finalmente le ejecutó ese mandamiento judicial en el interior del Reclusorio Sur y luego se llevaron a cabo las audiencias de imputación y vinculación a proceso.
Precisamente cuando Ramírez compareció en esas diligencias, el juez de control Hernández Leyva acordó darle vista a la FGR para que abriera una carpeta de investigación contra los fiscales de la FEIAI.
Su argumento principal es que, en caso de que se dicten sentencias condenatorias, las penas de prisión empezarán a contarse desde el día en que se ejecutaron las aprehensiones de cada asunto. Y para Ramírez esto significa que la pena por el asunto de “El Betito” empezaría a contabilizarse desde noviembre de 2023 y no desde junio de ese año, cuando lo capturaron.