Los padres de los 43 estudiantes del caso Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años en el sur de México denunciaron el jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría haciendo estudios de restos óseos sin contar con la capacitación técnica ni el apoyo de peritos internacionales.
Así lo plantearon durante una conferencia de prensa en la que denunciaron que la Fiscalía practica análisis de ADN mitocondrial a restos óseos y que no reconocerán los resultados de los mismos debido a que en el pasado llevaron a identificaciones equivocadas.
A casi 10 años de la desaparición no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sólo se han encontrado restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel de drogas local que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –una de las principales organizaciones humanitarias del país que presta apoyo legal a los familiares–, indicó a la prensa que se habían puesto en contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, integrado por peritos que han acompañado el proceso en el pasado, que le ratificó que no habían sido notificados de las investigaciones de la Fiscalía.
El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, tampoco ha recibido información sobre los estudios que estaría realizando la Fiscalía, precisaron en un comunicado los padres de los jóvenes y las organizaciones humanitarias que acompañan el proceso.
Ante esa situación, los familiares advirtieron en el escrito que de darse un “anuncio precipitado de resultados no verificados” al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que concluye en septiembre, sin ser validados por sus peritos “sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión”, por lo que reclamaron nuevamente la asistencia internacional en el proceso.
Las autoridades han iniciado procesos judiciales al menos a ocho militares, algunos de los cuales están enfrentando los juicios en libertad.
Ante recientes declaraciones de López Obrador en defensa de los militares, el director del Centro Prodh dijo que el señalamiento contra el ejército “no es ideológico, no es necedad”. Sostuvo que “hay irregularidad antes, durante y después” de las desapariciones ocurridas entre en el 26 y 27 de septiembre de 2014 que involucra a los militares.
“Que se diga que no hay ninguna prueba contra el Ejército cuando hay todo esto, pues francamente nos parece una protección excesiva”, agregó.