Estados Unidos planea poner fin al Título 42 el próximo 11 de mayo, según información del departamento de Justicia.
En un documento, el cual fue presentado ante la Corte Suprema en las últimas horas, el gobierno del presidente Joe Biden aseguró que cuando se levanten las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud por la pandemia de la covid-19, también se suspenderá el Título 42.
“En ausencia de otros desarrollos relevantes, el final de la emergencia de salud pública terminará con el Título 42 “, sentenció el documento, mismo que estudia una demanda de varios estados que buscan mantener la restricción migratoria.
La Casa Blanca informó la semana pasada que dejará de considerar al Covid-19 como una emergencia nacional el próximo 11 de mayo.
A partir de esa fecha, el Ejecutivo estadounidense también planea imponer una nueva restricción al asilo en la frontera: quienes no hayan solicitado refugio en un tercer país ni tampoco hayan pedido un permiso humanitario para entrar a EE.UU. serán expulsados a México, según detalla el documento.
A finales de diciembre, la Corte Suprema ordenó a la administración Biden mantener el Título 42 de manera cautelar, mientras decide sobre un demanda presentada por los fiscales de 19 estados que desean preservar la normativa.
Desde entonces, el gobierno decidió expandir el uso de las restricciones para permitir las expulsiones de las personas provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití.
Como consecuencia, la cifra de arrestos de migrantes en la frontera disminuyó, alcanzando su punto más bajo en dos años el mes de enero, según informó a la agencia de noticias EFE un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El uso del Título 42, que también es utilizado para expulsar a venezolanos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, ha sido criticado tanto por legisladores demócratas como por organizaciones en defensa de los derechos humanos.
La normativa, heredada del mandato del expresidente Donald Trump ha permitido más de 2.5 millones de arrestos desde que entró en vigor en 2020, de acuerdo con datos del International Rescue Committee