El Estado falló en garantizar a Digna Ochoa su acceso a la justicia.
Señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno durante el acto de disculpa pública a la defensora, a 21 años de su asesinato en la Ciudad de México.
Durante su intervención, Encinas Rodríguez señaló en nombre del Estado mexicano:
“Ofrezco una disculpa pública a ella y su familia porque el Estado no pudo garantizar su seguridad y su integridad, y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia”.
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Además se disculpó a nombre del Estado porque hubo fallas en la aplicación de los protocolos especializados en la investigación de su caso, además de faltas a su debido proceso y, ante todo:
“Porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertinencia de género ni por su pertinencia social y cultural, por su profunda sensibilidad ante la injusticia”.
La disculpa del Estado se da luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció a México (enero 2022) a reparar los daños a la activista y su familia pues encontró “graves irregularidades” en la investigación del caso.
Por lo que se solicitó la reapertura del mismo a la Fiscalía capitalina, misma que ha creado una unidad especial para la investigación del asesinato de Ochoa y Plácido.
Lo anterior, porque en 2003 y 2007 la entonces Procuraduría de la Ciudad de México determinó que no había delito que perseguir -se manejó el suicidio de la activista- y en 2011 cerró el caso.
El 19 de octubre de 2001 la defensora fue hallada sin vida en su despacho de la colonia Roma de la Ciudad de México.