Por lo menos en lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles permanecerá en los registros judiciales en calidad de procesada por el caso de “la estafa maestra”.
Pese a su salida del penal de Santa Martha, el pasado viernes 19, el proceso penal iniciado contra Robles Berlanga no ha concluido y su defensa apuesta por dos opciones, la más rápida de las cuales podría demorar hasta seis meses más en concluir.
Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, confirma en entrevista que la exfuncionaria no desea colaborar con las autoridades ni firmar un acuerdo reparatorio, pues ello implicaría declararse culpable y pagar una reparación que, considera, no le corresponde asumir.
“Rosario no va a tener la función de testigo colaborador y mucho menos va a solicitar ningún criterio de oportunidad –señaló–. Cerrado completamente, no hay interés de nuestra parte (de firmar algún acuerdo reparatorio).”
El 13 de agosto de 2019 el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna vinculó a proceso a Robles por ejercicio indebido del servicio público, supuestamente cometido en el caso de la estafa maestra.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), la exintegrante del gabinete de Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de que durante su gestión en la Sedesol y la Sedatu diversos funcionarios de ambas dependencias suscribieron contratos adjudicados de manera directa con institutos y universidades públicas.
Los servicios amparados en tales contratos fueron, a su vez, subcontratados por los institutos y universidades públicas con empresas supuestamente fantasma a fin de completar un esquema de triangulación de recursos para desviar 5 mil 73 millones de pesos.
La FGR señaló a Robles porque, pese a tener conocimiento de ello, no advirtió al presidente Peña Nieto, su superior jerárquico, o no hizo nada para frenar las contrataciones irregulares, es decir, que la exsecretaria de Estado nunca fue acusada de desviar los recursos públicos.
Desde aquel 13 de agosto de 2019 la FGR solicitó que Robles quedara sujeta a prisión preventiva justificada, medida que le fue concedida tomando en consideración el riesgo de fuga que representaba al tener los recursos y los contactos necesarios para salir del país y sustraerse de la justicia.