Las asfixias presupuestales que varias entidades han aplicado a sus institutos electorales ya han trastocado los derechos laborales del personal, según el informe mensual del INE al Consejo General.
Al corte del mes de julio, 18 entidades operan con déficits presupuestales que suman mil 679 millones de pesos, luego que en la aprobación de presupuestos para 2022 sufrieron recortes que llegaron a casi 2 mil millones.
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Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en 8 entidades han recibido ampliaciones presupuestales que suman poco más de 300 millones de pesos.
En alto riesgo y en semáforo de alerta, están, por ejemplo, el Instituto Electoral de Colima, que no pudo pagar los salarios de los consejeros electorales del 31 de julio pasado y no tiene para pagar los salarios de todos los trabajadores para septiembre, mientras que el de Campeche tampoco pudo cumplir con sus obligaciones patronales aun cuando disminuyó los salarios de los mandos altos y medios y tampoco tiene dinero para el próximo mes.
En tanto, el Instituto en Morelos no tiene recursos para hacer la consulta sobre el nuevo municipio de Tetelcingo, además de que le debe 6 millones de pesos al INE por el proceso concurrente pasado, mientras el Instituto Electoral de la Ciudad de México no podrá operar en octubre, noviembre y diciembre por falta de recursos.
El Instituto Electoral de Nayarit sólo tiene dinero para operar este mes, no cuenta con recursos para calendarizar actividades para el mes de septiembre y subsecuentes.
Los problemas financieros de dichos organismos permean de manera importante la operación institucional y han trastocado derechos laborales fundamentales como son los salarios del personal, como en el caso de Campeche”, explicó el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
En tanto, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis presentan riesgos moderados que de no atenderse podrían derivar en una situación de riesgo alto.
Han solicitado ampliaciones presupuestales que han resultado en rechazos por parte de los gobiernos locales, las entidades de Ciudad de México, Puebla, San Luis, Potosí, Campeche y Michoacán, más otras nueve entidades con resoluciones pendientes.
La austeridad incorrectamente aplicada puede acorralar a las instituciones hasta su inoperancia, y eso a la postre sale más caro, no sólo en términos económicos sino sociales porque perdemos todos los avances que hemos tenido en este caso en términos democráticos”, explicó la consejera Dania Ravel.