“Los factores que aquejan a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en cuanto a amenazas, riesgo y agresiones son, en principio, la delincuencia organizada que ve amenazadas sus acciones frente al periodismo y la defensa de los derechos humanos que se ejercen desde los territorios, y tenemos las autoridades municipales que lejos de atender las denuncias de las agresiones, son parte del problema”, sostuvo.
Señaló la urgencia de contar con una política nacional e integral que involucre a las entidades federativas y los municipios, ya que solo se cuenta con 17 leyes estatales y 11 mecanismos de protección estatales.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pidió dejar atrás el celo institucional y las discrepancias sobre las competencias de cada gobierno e institución y empezar a trabajar para revertir la violencia y amenazas en contra de periodistas y defensores.
Al presidir el evento donde se firmó un convenio con el estado de Sinaloa, subrayó que se necesita cambiar la orientación para que el mecanismo de protección deje de ser un órgano reactivo y se convierta en preventivo, a través de la instrumentación de capacidades y acuerdos para combatir la violencia contra estos gremios.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de donde depende el mecanismo de protección, Enrique Irazoque Palazuelos, afirmó que los enemigos de esta agenda son visibles e identificables.