Hace unos días cambió el gobierno en San Luis Potosí. Las nuevas autoridades estatales encontraron en los hospitales tambos llenos de medicinas caducas, y algo mucho más grave: población carcelaria en condiciones inhumanas. Es el caso del centro penitenciario “La Pila”.

“El área es la denominada inimputable, aquí es donde se encuentran las persona que están olvidadas. Están olvidadas porque no les dieron medicamentos, deberían de estar bajo un tratamiento psiquiátrico que nunca se les dio, que nunca se les ha dado”, expuso Julio César Pérez, director de los Centros de Prevención y Reinserción Social del Estado (Cepresos) en San Luis Potosí.

En las pequeñas celdas del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social número 1, conocido como “La Pila”, de San Luis Potosí sobreviven 50 presos diagnosticados con esquizofrenia, trastornos y otras enfermedades mentales. Todos están acusados de parricidio, homicidio, violación y robo.

“Tenemos 50, el día de hoy, pero hemos tenido hasta 200, es un área pequeña construida para 25. Se le llama área inimputable. Es designado porque los muchachos tienen el proceso legal suspendido y el juez ordena que hasta que salen de la enfermedad mental, eso es algo ya irreversible”, comentó Inocencia Menchaca, trabajadora social de la prisión estatal “La Pila”.

Un área del penal se encuentra en completo abandono; el drenaje está colapsado y las aguas negras forman charcos. Los detenidos se recuestan en colchones viejos, podridos y sabanas pestilentes. Otros más, simplemente están tirados sobre la tierra o el piso. Algunos llevan meses sin asearse, como Pedro Lucas, de 64 años de edad, originario de la Huasteca potosina; cuenta que ningún familiar lo ha visitado en los 47 años que lleva preso. Tenía 17 años de edad cuando fue acusado de homicidio, el hombre padece epilepsia.

Desde hace un año estos internos no reciben sus medicamentos prescritos: risperdal, olanzapina, sinogan y haldol decanoas, lo que, según los trabajadores, ha generado entre ellos conductas agresivas. Para contenerlos algunos son encerrados en pequeños cuartos donde puede llegar a haber hasta ocho personas sin servicios sanitarios ni alimentos.

“Si uno de ellos es peligroso, imagínense 50 sueltos y mal medicados; es una agresividad incontrolable, entre ellos se lesionan, tienden a brincarse la malla. son impredecibles”, señaló Inocencia Menchaca, trabajadora de la prisión estatal “La Pila” en San Luis Potosí.

“Se observa personas que de manera indigna están en este lugar, en el abandono, no nada más por las familias, sino la propia autoridad penitenciaria que estaba, que no hacia su trabajo, que se preocupó por saquear, no tengo palabras para describir esto, que es inhumano”, comentó Julio César Pérez, director de los Cepresos en San Luis Potosí.

El penal, que alberga a mil 700 internos, no ha recibido mantenimiento en los últimos 15 años. Las instalaciones se encuentran totalmente deterioradas, en particular el drenaje y la red hidráulica. Por ejemplo en un dormitorio, el número 4, hay 222 reos procesados, en hacinamiento. Duermen en el piso, en colchones viejos, en penumbra. Juan Carlos Vázquez, un interno, cuenta que batalla todos los días para que el excusado no se tape.

“Ya no tiene arreglo y le pico por aquí y por aquí le meto la mano y tampoco. No hay luz. Es lo que fallamos, a veces prenden lumbre y se hace el ahumadero en los techos, por eso están todos tiznados, negros por el humo”, señaló Juan Carlos Vázquez, un interno de la prisión estatal “La Pila”.

“Esto precisamente lo arrojan hacia allá, hacia el exterior, hacia los pasillos”, dijo Ángel López, director de la prisión estatal “La Pila”, en San Luis Potosí.

Todos los jueves, día de visita, los reos montan tendales, con sábanas al aire libre para convivir con sus familias o sus parejas. Las nuevas autoridades penitenciarias dicen que enfrentan un gran reto, para renovar la infraestructura de esta cárcel.

“Son cosas que tenemos que cambiar, pero para poderlas cambiar tenemos que designar instalaciones dignas. Llevamos 3 días que acabamos de recibir los centros penitenciarios y nos encontramos con esto”, comentó Julio César Pérez, director general de los Centros de Prevención y Reinserción Social del estado.