La secretaria Irma Eréndira Sandoval presentó esta tarde el Cuarto Informe del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), y señaló que “en cumplimiento de nuestro deber de fiscalizar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, en el 2020 la Función Pública concluyó mil 818 auditorías, de las cuales mil 238 fueron realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC), destacando los rubros referentes a la verificación del desempeño, adquisiciones, arrendamientos y servicios; actividades específicas institucionales; y las relativas a obra pública”.
En reunión virtual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y como representante del Poder Ejecutivo, la secretaria Sandoval Ballesteros detalló que colaboración con los 32 Órganos Estatales de Control se realizaron auditorías, de las que se emitieron 397 observaciones, que derivaron en 394 procedimientos de responsabilidad administrativa, mientras que los órganos estatales realizaron 2 mil 745 auditorías, en las que se emitieron 6 mil 058 observaciones.
Expuso los principales hallazgos de la “Encuesta sobre Retos de la Fiscalización”, aplicada a nivel nacional a los representantes de las entidades encargadas de auditoría y fiscalización en las entidades federativas, respecto a control interno, ética y administración, planeación estratégica, recursos humanos, y comunicación y participación ciudadana, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, con el objetivo de mostrar los avances en la auditoría de recursos federales y locales.
Ante los integrantes del Comité Coordinador del SNA, se refirió al apartado “Retos de Fiscalización a Nivel Nacional” del informe, y aseveró que proporciona un panorama general de los desafíos identificados a partir de la encuesta aplicada a los 64 integrantes de las entidades federativas del SNF, donde el 81% de los organismos auditores afirmó contar con un sistema de control interno sustentado en una normativa específica.
Expuso que el 45% de los órganos refirió dar respuesta a las solicitudes o consideraciones de la sociedad en la planeación, el desarrollo de las auditorías y en las etapas posteriores a la entrega del informe de auditoría. Y refirió que el 94% expresó que cuenta con un mecanismo accesible para recibir quejas y denuncias ante posibles hechos de corrupción
La secretaria Sandoval Ballesteros abundó además que el 97% de las instituciones dijeron tener una política institucional de integridad que incluye un código de ética; 88% con un formato de declaración de intereses, y 86% tienen un código de conducta.
Además, la encuesta reflejó que el 63% de los entes fiscalizadores consideran acciones para dar atención a las denuncias por violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual. Y en lo que se refiere a mecanismos de difusión y capacitación en materia de integridad, el 95% señaló que implementaron acciones de este tipo.
La secretaria Sandoval Ballesteros expuso que en el rubro de Planeación Estratégica de la encuesta se advirtió que el 89% de las instituciones locales del SNF cuenta con un plan estratégico institucional o documento equivalente. Además, el 95% poseen indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y metas.
Manifestó que el 94% de las entidades han establecido indicadores para medir el desempeño de las diferentes unidades o áreas de su estructura organizacional, como en Recursos Humanos, donde la profesionalización es un valor inherente a los integrantes del SNF; se encontró además que el 86% tiene un programa de capacitación y el 59% posee una estrategia en materia de creación de competencias para incrementar la calidad.
Explicó que la comunicación y participación ciudadana es otro aspecto importante para incentivar la confianza en el desempeño del gobierno, por esa razón, entre los principales propósitos del SNF se encuentra promover el intercambio de información, ideas y experiencias, de forma sencilla y clara para mejorar los procesos de fiscalización de los recursos públicos.
Finalmente, debido al distanciamiento social obligado por la pandemia, el 61% de las entidades de fiscalización locales manifestaron que la principal problemática para el desempeño de sus actividades en 2020 fue la falta de acceso a la información, y para remediar la situación optaron por la utilización intensiva de las tecnologías de la información y comunicación, aseveró la secretaria Sandoval Ballesteros.
Destacó que desde el inicio de la pandemia la Función Pública emitió criterios en materia de recursos humanos para contener la propagación del Covid-19 en la Administración Pública Federal, sin descuidar el cumplimiento de los programas institucionales y la prestación de servicios públicos indispensables para la ciudadanía, y expuso que “desde la Función Pública establecimos el acompañamiento preventivo en los procesos de adquisiciones y licitaciones públicas de medicamentos e insumos del sector Salud”.
En la reunión también estuvieron presentes María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en Combate a la Corrupción; Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Loretta Ortiz Ahlf, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana.
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