El Gobierno de México conmemoró este lunes el primer aniversario de la masacre de latinos en un Walmart de El Paso (Texas), reivindicando que fue un acto de “terrorismo” supremacista dado que el responsable, Patrick Crusius, confesó que quería matar el máximo número de mexicanos posible.
“Debemos seguir adelante en foros multilaterales para desarrollar una narrativa de que estas doctrinas son grupos terroristas y hay que tomar acciones más allá”, expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante un evento virtual con la representación diplomática de México en Estados Unidos.
El canciller aseguró que gracias a la “batalla cultural” y diplomática de México se logró que la OEA y la UNESCO adoptaran resoluciones de condena que tachan de “terrorismo” el asesinato de 23 personas, de las cuales 8 eran mexicanas, en uno de los mayores ataques contra la comunidad latina de Estados Unidos.
“El hecho de que se haya calificado lo ocurrido en El Paso como terrorismo es un hito en la política mexicana. Al principio hubo una reacción de que se trataba de un hecho aislado pero México siempre sostuvo que viene vinculado a una doctrina”, relató Ebrard.
Según el canciller, esta calificación abre una “situación cualitativamente diferente” ya que permite exigir a los países que “tomen medidas preventivas”, como vetar a los grupos que mantienen un discurso de odio.
“No podemos permitir que esta doctrina y sus allegados puedan transitar tranquilamente si no las comparamos con otras formaciones políticas que han sido proscritas. ¿Por qué los nazis están proscritos en Estados Unidos y estos grupos supremacistas no, si su propuesta es un genocidio?”, expresó Ebrard.
Cooperación entre México y Estados Unidos
El 3 de agosto de 2019, Patrick Crusius, de 21 años de edad, mató a tiros a 23 personas e hirió a otras 22 en un Walmart de la fronteriza ciudad El Paso, al que acuden a comprar muchos mexicanos de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera.
Crusius declaró que buscó disparar contra “mexicanos” y fue encausado por hasta 90 cargos federales y estatales. El pasado 28 de abril los fiscales anunciaron que pedirán la pena de muerte después del deceso de una víctima que pasó nueve meses en el hospital.