Ante el anuncio del término de los tiempos del estado, el Instituto Nacional Electoral (INE) envió una carta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitándole si el anuncio hecho por el Presidente podría tener algún efecto sobre esos tiempos que, de manera ininterrumpida, el INE ha administrado y, en su caso, cuál serían las implicaciones.

En un comunicado, el INE recordó que la Constitución, en su artículo 41, señala que el órgano electoral es la autoridad única para la administración del tiempo del Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

El Instituto dio cuenta que solicitó se “haga saber si esas disposiciones están pensadas únicamente en el marco de la emergencia sanitaria determinada por el Consejo de Salubridad General, a propósito de la pandemia del Covid-19, o bien si deben entenderse como una modificación permanente a las normas que rigen la función pública de la radio y la teledifusión”.

“Para las y los consejeros electorales tener claridad respecto de esos temas es necesario para que el INE pueda ejercer plenamente las atribuciones constitucionales que tiene en la materia”, subrayó el INE.

Asimismo, señaló que la Carta Magna también precisa que durante los procesos electorales, el INE administra 48 minutos diarios en radio y televisión, y que cuando no hay proceso electoral, del tiempo del Estado que es de 65 minutos diarios en radio y 48 minutos en televisión, al INE se le asigna el 12%.

El escrito de la autoridad electoral reconoce que el modelo constitucional vigente “ha permitido un importante piso de equidad en las contiendas políticas, acotando el peso que el dinero tiene en el desarrollo de las elecciones, y que ha sustentado la rica pluralidad política que vive el país, al permitir comicios justos y competitivos en los que es la voluntad ciudadana y no el acceso a recursos económicos la que determina los resultados electorales”.

Por último, las y los consejeros electorales coincidieron con el sentido y la pertinencia que tiene el actual modelo de comunicación política en materia electoral en el contexto democrático del país.