La Unión Europea ha trasladado su “enérgica condena” a la sentencia de nueve años de cárcel emitida contra el opositor Alexei Navalny, al que la Justicia rusa ha hallado culpable de fraude y desacato.
Asimismo, el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha denunciado en un comunicado que las audiencias judiciales contra el opositor ruso se hayan llevado a cabo de forma “inaccesible” para los observadores.
La UE considera que, de esta forma, existe la posibilidad de que se hayan fabricado cargos y la falta de ejercicio del derecho a la defensa por parte del acusado. “Esta es la indicación más clara de que el sistema legal ruso continúa siendo instrumentalizado contra el señor Navalny”, se recoge en el comunicado.
Así pues, los Veintisiete han reiterado su rechazo a la “represión sistemática” a la sociedad, los medios de comunicación, los periodistas y los activistas por los Derechos Humanos en Rusia, una opresión que, dicen, “se está acelerando en medio de la agresión miliar en curso de Rusia contra su vecino soberano Ucrania”.
Es por esto que el organismo europeo ha aprovechado para acusar a Rusia de ignorar “descaradamente” las obligaciones y compromisos internacionales para el respeto de los Derechos Humanos.
La UE ha instado a Moscú a que libere de forma “inmediata e incondicional” a Navalny y que se garantice el cumplimiento de la media provisional otorgada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a la “naturaleza y el alcance del riesgo para la vida del señor Navalny”.
Horas antes, la jueza Margarita Kotova, del tribunal de Lefortovo, en Moscú, ha indicado durante la lectura del veredicto que Navalny tendrá además que pagar una multa de 1.2 millones de rublos (cerca de 10,500 euros), según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Kotova ha señalado que Navalny ha sido declarado culpable de todos los cargos que pesaban en su contra, incluidos los de fraude por la supuesta recaudación de fondos para las actividades del Fondo Anticorrupción (FBK), una organización fundada por él mismo y declarada por Moscú como “extremista”.
Asimismo, ha recalcado que este fraude afectaría además a las actividades del Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG), igualmente ilegalizada, y para su campaña a la Presidencia en 2018. La Fiscalía había reclamado trece años de cárcel para el opositor por estos cargos.