Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, pospuso para este viernes la publicación de su fallo con el que determinará si concede o no la suspensión definitiva a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al concluir las dos audiencias incidentales celebradas ayer, el juzgador indicó que analizaría los argumentos expuestos por las partes y sería hasta hoy cuando dé a conocer su fallo, a través de un acuerdo que se publicará por estrados.

Se perfila que el juez conceda la suspensión definitiva, con efectos generales, esto, con base en lo que él mismo argumentó a la hora de conceder la suspensión provisional en al menos 20 de alrededor de 40 amparos en los que se ha dictado la medida cautelar.

Estimó que la suspensión de la reforma eléctrica no afecta el interés social ni contraviene disposiciones de orden público. Además, señaló que la “apariencia del buen derecho” justifica la concesión de la medida cautelar y decretarla en forma general, para evitar desventajas entre los competidores de la industria eléctrica.

Incluso en sus resoluciones, el juez estimó que la reforma eléctrica promovida por el Presidente podría ser inconstitucional.

“Es posible concluir que las modificaciones y adiciones establecidas en el decreto reclamado se alejan de los objetivos de la reforma energética y, por ende, son aparentemente contrarias a los artículos 25 y 28 constitucionales”, señala el acuerdo por el que concedió la suspensión provisional.

Detalló que los ejes rectores de la reforma de 2013 en materia de energía, son los relativos a la apertura de la competencia en el sector, el principio de sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Señaló que, una vez analizado el contenido de las normas generales reclamadas, se muestra que las modificaciones que se realizan a la Ley de la Industria Eléctrica podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector, y otorgaría una ventaja competitiva a Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, generaría incertidumbre regulatoria y desmantelaría el mercado de certificados de energías limpias, lo que podría implicar que el Estado mexicano incumpla con sus compromisos internacionales en materia de generación de energías limpias, protección al medio ambiente y reducción de emisiones de gases con efecto invernadero.

En la audiencia de ayer, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Energía, manifestó su desacuerdo con la posición del juez, principalmente por haber concedido la suspensión de la reforma eléctrica en forma general.

En caso de que se confirme la postura de Gómez Fierro, el efecto sería que se paralice prácticamente, de manera indefinida, la entrada en vigor de dicha reforma y no podrá ser aplicada, ni siquiera a aquellas empresas que no han tramitado amparos.

La determinación que se espera para hoy está relacionada con los juicios de amparo 118/2021 y 119/2021, promovidos por las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana.

El criterio adoptado en este caso podría replicarse a los más de 40 amparos en dos juzgados distintos.

Son dos los jueces que han concedido dichas suspensiones, Rodrigo de la Peza López y Juan Pablo Gómez, este último sobre quien el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una investigación.